Recientemente, miembros del partido republicano de EE.UU. han introducido un proyecto de ley para regular las actividades de la criptoindustria. Como era de esperarse el sólo hecho de plantear un marco regulatorio para el sector, ha generado una interesante polémica en que se mezclan desde la definición de los productos sujetos a la ley hasta la intención de última de los legisladores que promocionan dicho proyecto.
Los legisladores republicanos en esta ocasión han propuesto cambiar la adscripción de algunos criptoactivos a la CFTC, por lo que este ente tendría que apuntalar sus habilidades en la supervisión de mercados dominados por transiciones al detal.
Quienes proponen que la SEC tenga un rol estelar en la nueva ley sostienen que el fin último de esta institución es proteger a los pequeños inversionistas, y no el cumplir con un mandato dual, como pretenden los líderes de la criptoindustria, que aspiran a que esta institución al actuar sopese si sus reglamentaciones promueven o no la innovación.
El poner a un mismo nivel el bienestar de los pequeños inversionistas con los intereses de la criptoindustria encapsulados dentro de un concepto tan amplio como innovación no es un argumento fácil de digerir. No es despreciable el hecho de que muchas innovaciones financieras del pasado pusieron por encima los intereses de los innovadores que los del público en general.
Recientemente, miembros del partido republicano de EE.UU. han introducido un proyecto de ley para regular las actividades de la criptoindustria. Como era de esperarse el sólo hecho de plantear un marco regulatorio para el sector, ha generado una interesante polémica en que se mezclan desde la definición de los productos sujetos a la ley hasta la intención de última de los legisladores que promocionan dicho proyecto.
El primer punto de discusión cada vez que se habla de regular la criptoindustria es delimitar los roles de la Comisión Nacional de Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) y de la Comisión de Negocios de Futuros de Productos Básico (Commodity Futures Trading Commission, CFTC).
Los legisladores republicanos en esta ocasión han propuesto cambiar la adscripción de algunos criptoactivos a la CFTC, por lo que este ente tendría que apuntalar sus habilidades en la supervisión de mercados dominados por transiciones al detal.
Adicionalmente al ampliar el rol regulatorio de la CFTC, se abre la posibilidad de que los actores del mercado hagan arbitraje regulatorio, es decir que registren sus productos con el ente regulador más benigno, en este caso la CFTC, y podrían hacerlo simplemente afiliando sus productos a una cadena de bloques pública (public blockchain).
La SEC es una organización mucho más grande y que atiende a un espectro más variado de usuarios que la CFTC, por lo que cualquier competencia que se reasigne a esta última requerirá fortalecimiento institucional.
Otro problema inherente a cualquier proyecto de ley de la criptoindustria, es que este tipo de legislación obsolesce muy rápidamente, porque está muy ligada a la forma en que opera esta industria y su tecnología subyacente la cual está en constante evolución. Por lo que habría que estar abierto a la posibilidad de revisar muy frecuentemente la legislación con todos los costos políticos que esto implica.
Demás está decir que regular un sector cambiante siempre trae consigo la posibilidad de que surjan vacíos legales a los que las instituciones reguladas suelen sacarle mucho provecho.
La preocupación que pretende atender la SEC es controlar el conflicto de interés que surge cuando los grandes operadores de la criptoindustria funcionan simultáneamente como casas de cambio, corredores de títulos financieros, liquidadores, custodios y, en algunos casos como, fondos de inversión.
Un buen ejemplo de lo que la SEC espera evitar es la repetición de situaciones como la bancarrota de FTX, plataforma liderada por Sam Bankman-Fried quien hasta finales del 2022 era uno de los paladines de la regulación de este sector.
Los líderes de la criptoindustria tienen que luchar contra posiciones muy críticas. Por un lado, están los que sostienen que las criptomonedas, en particular no terminan de mostrar su utilidad económica, y que en el fondo no son muy diferentes de los juegos de azar, y por tanto no deben ser reguladas por un ente que se encargue de activos financieros.
Por otro lado, quienes apoyan a la SEC sostienen que el fin último de esta institución es proteger a los pequeños inversionistas, y no el cumplir con un mandato dual, como pretenden los líderes de la criptoindustria, que aspiran a que esta institución al actuar sopese si sus reglamentaciones promueven o no la innovación.
El poner a un mismo nivel el bienestar de los pequeños inversionistas con los intereses de la criptoindustria encapsulados dentro de un concepto tan amplio como innovación no es un argumento fácil de digerir. No es despreciable el hecho de que muchas innovaciones financieras del pasado pusieron por encima los intereses de los innovadores que los del público en general.
Para los líderes de la criptoindustria es de vital importancia que se apruebe un marco regulatorio en EE.UU. lo antes posible. Este es un paso fundamental para ganar su legitimidad. Los reguladores tienen muy claro el hecho de que al darse este paso se caen las últimas barreras que separan el criptosistema financiero del sistema financiero convencional, y el entramado resultante puede ser muy inestable.
La gran pregunta detrás de esta discusión legislativa es: ¿Si para la sociedad vale la pena pagar los costos asociados a la consolidación de la criptoindustria?
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