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Arca Análisis Económico

El problema de mejorar la rendición de cuentas de las empresas chinas de oferta pública


Un nuevo proyecto de ley aprobado por la Cámara del Senado de los EE.UU. con objeto de elevar el grado de confiabilidad de los estados financieros de las empresas chinas que cotizan en los EE.UU. puede en lugar de proteger los intereses de los inversionistas estadounidenses, dejarlos a merced de sus contrapartes chinas y facilitar la meta del gigante asiático de aumentar el peso de su mercado financiero nacional en el juego geopolítico internacional.

 

Reguladores, inversionistas institucionales y analistas de los bancos de inversión siempre han manifestado preocupación por el nivel de opacidad con que el que funcionan las empresas chinas de oferta pública. En particular hay gran preocupación sobre las prácticas de gobierno corporativo y la confiabilidad de los estados financieros emitidos por estas compañías.


En respuesta a tal preocupación, y a una serie de presiones dentro de la sociedad estadounidense para desarrollar una línea de mano dura contra la política exterior china, el senado estadounidense aprobó el pasado mes de mayo un proyecto de ley para elevar el grado de confiabilidad de los estados financieros de las empresas chinas que cotizan en los EE.UU. Este es un universo de compañías cuya capitalización bursátil es del orden de 1 billón de dólares.


El gobierno chino ha mostrado siempre cierta reticencia a que sus compañías nacionales se sometan al escrutinio de entes regulatorios foráneos, pues consideran que en estos procesos de auditoria podrían conocerse piezas de información que se consideran secretos de estado. No olvidemos que en muchas de estas compañías el Estado Chino es un importante accionista.


La verdad de los hechos es que no sólo se filtrarían tales secretos sino también entramados de relaciones entre altos burócratas del Partido Comunista Chino y las elites económicas del país.


La nueva ley establece que debe suspenderse la cotización de cualquier empresa china que durante tres años consecutivos no someta sus estados financieros a la revisión de the Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB). Si esta medida de presión tuviese efecto, se reducirían considerablemente las posibilidades de que los administradores de estas empresas cometieran fraude contra los inversionistas estadounidenses, pero sí el gobierno chino no acepta esta imposición a sus compañías nacionales se abren otros frentes de batalla en las complejas relaciones entre ambos países.


Temores de que algunas de estas empresas dejen de cotizar en EE.UU. deprimiría el precio de estos títulos valores y obligaría a muchos inversionistas institucionales a vender.


La experiencia previa en situaciones similares, muestra que los accionistas chinos que controlan estas empresas usan estas oportunidades para comprar las posiciones de otros inversionistas a precios de gallina flaca. Posteriormente, las compañías se inscriben en alguna de las bolsas locales del país asiático cotizando a valores hasta 6 veces más altos que sus referentes previos en el mercado estadounidense.


El gobierno chino también saca partido de estas prohibiciones porque le permiten cumplir un objetivo de largo plazo y es el lograr que importantes compañías locales que han preferido los mercados de capitales del extranjero al momento de hacerse públicas, se registren en sus mercados bursátiles nacionales fortaleciéndolos. No se puede ser la segunda economía del mundo sin tener un sistema financiero que no sea cónsono can tal robustez económica.


Sí el gobierno chino usa la ley que eventualmente se apruebe para presionar a las empresas que cotizan en EE.UU., habrán dos claros ganadores y un solo grupo de perdedores que es el de los inversionistas institucionales.


Con la consolidación de estas prácticas de acorralamiento mutuo entre China y los EE.UU. en lugar de generar un espacio de inversión fluido para los inversionistas en general, donde se respeten los derechos de los accionistas minoritarios, lo que se conseguirá es seguir consolidando un mundo de dos bloques donde muy pocos serán los ganadores.


Este proyecto de ley muestra las complejidades de operar en un mundo no cooperativo.

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